Patricia Bullrich y Elisa Carrió cuando compartían el bloque en la Cámara de Diputados. Hoy están enfrentadas por los cambios en la política de seguridad
Patricia Bullrich y Elisa Carrió cuando compartían el bloque en la Cámara de Diputados. Hoy están enfrentadas por los cambios en la política de seguridad

Es llamativo, pero no curioso: el reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales está generando más tensión interna en el oficialismo que debate con la oposición. ¿Ir frontalmente en contra espanta votos? ¿Puro efecto Bolsonaro? Podría verse así desde una perspectiva bastante reduccionista. El problema asoma más complejo, de largo recorrido. Y la línea de continuidad parece estar dada por las idas y vueltas hasta en una misma gestión de gobierno. Bandazos de coyuntura, casi siempre.

Por supuesto, gravitan las tendencias más allá de las fronteras, aunque los cuadros de inseguridad sean diversos, según lo exponen las estadísticas en materia criminal. Del mismo modo es evidente que la inseguridad hace rato ocupa los primeros renglones de las preocupaciones entre los argentinos, especialmente en los grandes centros urbanos. Las inquietudes y temores por la economía (empleo, salarios) trepan a los primeros escalones en épocas de crisis, pero la inseguridad no es desplazada más que en algún peldaño.

Elisa Carrió volvió a sacudir el tablero del oficialismo con su rechazo cerrado a la nueva norma que puso otra vez en primera línea a Patricia Bullrich, pero que al menos de entrada no expone fisuras en el gabinete de Mauricio Macri.

Son diferentes las posiciones cuando se aleja el foco. María Eugenia Vidal prefiere mantenerse con sus propios reglamentos, tal vez por cuestiones de fondo y porque asume que su nada fácil política de reestructuración de la policía provincial está lejos de haber concluido. Horacio Rodríguez Larreta, de roces conocidos con la ministro de Seguridad, se muestra cauto, al margen de vaivenes judiciales. El radical Alfredo Cornejo, titular de la UCR, dio un guiño algo condicionado a la formación de las fuerzas de seguridad. Otros radicales, legisladores, son más críticos.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal

El reglamento es sin dudas riesgoso. Y sería parcial la lectura restringida a la letra, con grises que agrandan los grises del propio Código Penal, que espera ser reformado. Pesan además el contexto discursivo y los estereotipos. Voceros del ministerio de Seguridad explican en estas horas que el texto se ajusta a las indicaciones de diversos organismos y experiencias internacionales, en especial los principios básicos adoptados en el marco de Naciones Unidas. Y descalifican los protocolos dejados por la gestión kirchnerista, que en su enunciado y en su espíritu poco tenían que ver, por ejemplo, con la práctica y el discurso público en la etapa de Sergio Berni. Una contradicción paralizante.

Nada de eso fue llevado al debate público, que ya venía contaminado por las consideraciones, casi en blanco y negro, de defensa o indefensión absolutas, por el caso Chocobar. Es cierto que es un tema conversado no de manera estructurada pero sí en diversos contactos con gobernadores o ministros provinciales. También lo es que, si el objetivo hubiera sido lograr cierto consenso –y sin declamaciones sobre políticas de Estado- podría haberse optado por mecanismos más orgánicos y prácticos.

Enunciado de otra manera: el problema de fondo, frente a la sociedad, es el mensaje del Estado. Y como el Estado no es un ente vacío, el punto sería el mensaje político del Gobierno y de la sucesión de gestiones. El tema es especialmente sensible para la sociedad, pero el lugar de los dirigentes no es acompañar sino dar señales del rumbo, incluso a contramano de tendencias.

Hay ejemplos en sentido contrario. El caso Blumberg fue uno de los más notables, con su expresión en movilizaciones masivas. Axel Blumberg fue secuestrado y asesinado en 2004. Su padre promovió leyes más severas en materia penal. Néstor Kirchner tenía sobre su escritorio un retrato de Axel que exhibía a quienes lo visitaran. Y con el visto bueno del gobierno de entonces, y el peso del peronismo en el Congreso, fueron sancionadas un par de leyes en la dirección reclamada.

Las iniciativas fueron cuestionadas por algunos sectores de la oposición de entonces. Y hasta judicializadas, como podría ocurrir ahora con el reglamento en cuestión. La Corte finalmente falló a favor de una de ellas, diez años después, referida al agravamiento de penas en caso de acusados de delitos graves con antecedentes por portación de armas ilegales.
Con los años, la inseguridad se fue convirtiendo en un fenómeno especialmente corrosivo en el terreno político. Hubo etapas de negación de problema –más allá de su real dimensión, de su medición estadística y comparativa con otros países de la región-, asomó el debate sobre lo que exageradamente fue llamada "doctrina" Zaffaroni y, para completar, el enfoque amplio que requiere la seguridad quedó empantanado en reformulados estereotipos. Otro efecto paralizante.

Sergio Berni decidió cultivar una de las imágenes contrapuestas, la de la dureza. El ex secretario de Seguridad marcó casi toda la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En su estilo personal, en su gestión concreta y en los dichos fue cuanto menos contradictorio con la letra previa. El eco, en Buenos Aires, estuvo a cargo de Alejandro Granados durante un par de años. Nada mejoró sustancialmente.

El ex secretario de Seguridad, Sergio Berni
El ex secretario de Seguridad, Sergio Berni

Es improbable que tales antecedentes inhiban las críticas desde esa vereda. Más bien, los cuestionamientos acotados y hasta las declaraciones neutras tendrían que ver con lo que se supone es el clima social más extendido. Tal vez sea cálculo.

Carrió reabrió la polémica, con algunos términos desproporcionados, también hacia el interior de Cambiemos. En otras ocasiones –tarifas, por ejemplo-, las fisuras propias facilitaron el camino a una ofensiva opositora con costos para el Gobierno. Tampoco es lo que se vislumbra en estas horas, por razones prácticas –el Congreso está en período de sesiones extraordinarias y apenas se sucedieron cuestiones de privilegio- y porque hasta el momento no asoma voluntad política de debate.

Los alcances de las declaraciones de Carrió son además un interrogante sobre la fortaleza del oficialismo como sociedad entre distintas fuerzas y experiencias partidarias. Vía Twitter, como lo hizo ella misma, varios dirigentes de su sector dieron mensajes de respaldo a su posición y al mismo tiempo, de voluntad de sostener la coalición oficialista, con ejercicio de disidencias.

En el anochecer de ayer, Carrió dio una vuelta de tuerca. Destacó que los integrantes de las fuerzas de seguridad sufren actualmente de carencias legales, una especie de desprotección para el caso del uso legítimo de armas de fuego. Pero sostuvo que eso no puede ser resuelto con una resolución ministerial, sino con una ley. Dijo que entiende que habría lugar para alguna norma provisoria, pero que no puede ir a contramano de la Constitución. Y concluyó en que los legisladores deben debatir la cuestión de fondo. Algunos, en sus cercanías, refieren al tratamiento del Código Penal. Esa reforma iría al Congreso en marzo.

¿Hay caminos intermedios? La discusión, en este punto, ya arrancó. Habrá que ver si la salida inmediata es otra vez de coyuntura. Y cómo funciona esta vez la oposición dentro del oficialismo, algo que irrita a algunos experimentados peronistas cuando sienten que invaden su terreno.

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