(Adrián Escandar)
(Adrián Escandar)

En los días de vértigo que vive el Congreso, la reforma de la movilidad jubilatoria es quizá el mayor interrogante para la reconfigurada Cámara de Diputados. La negociación siempre es parte del juego, esta vez con una carga sensible porque serían afectados los haberes de los jubilados y diversas asignaciones para atender una cuestión de caja. No terminan allí las cosas: al costo político podría agregarse un revés judicial por las demandas que ya se pronostican si el proyecto sale sin modificaciones. En ese caso, el error resultaría doble.

El texto original de esta reforma sufrió de entrada un par de modificaciones: una en las primeras conversaciones con los gobernadores y otra apenas fue tratado en el Senado. Los cambios tuvieron que ver con la fórmula para definir el ajuste de los haberes. Quedó en debate otro punto, cuestionado, que refiere al empalme entre el actual sistema de cálculo y el que está ahora en manos de los diputados. No es solo una definición técnica, sino una resolución con impacto directo en los bolsillos.

El Gobierno emite desde sus inicios señales que para algunos pueden resultar complementarias, aunque el resultado no siempre sea neutro. Por un lado, la producción de errores que generan enorme costo político. Y por el otro, la flexibilidad para corregir desaciertos o directamente dar marcha atrás. El problema es que la enmienda no siempre elimina el daño que produce el ida y vuelta en su propia fachada.

Hay más. También desde su arranque, el oficialismo carga con críticas por falta de sensibilidad frente a temas diversos. En algunos casos suena real y en otros hace a un imaginario que, alimentado por cuestiones como la que debe dirimir ahora el Congreso, es un problema en sí mismo. Parece evidente que dejarse llevar exclusivamente por lo que se denomina opinión pública puede resultar casi tan poco recomendable -y cuestionable, claro- como guiarse exclusivamente por los números de las encuestas. Pero el punto, aún sin esa presión, es la decisión y el análisis previos.

Traducido al caso de las jubilaciones: ¿resulta razonable un recorte de hecho en los haberes que, además, no resuelve la cuestión de fondo, es decir, la sustentabilidad del sistema previsional? Esto, cuando está pendiente la puesta en marcha de una comisión que, según la ley de reparación histórica, debería proponer a más tardar en 2019 una reforma global del sistema que garantice un régimen realmente universal, integral, solidario y sustentable.

Desde el Gobierno se ha dicho que el resultado del trabajo de esa comisión debería ser una propuesta que genere consenso y exprese una política de Estado. Suena bien, pero en estos días rigen cuestiones de caja inmediatas –un parche podría decirse-, antes que una visión que contenga la coyuntura sin empeorar la situación de los jubilados y que proyecte un camino razonable a mediano plazo.

De entrada, la escena fue dominada por las planillas de Hacienda, a contrapelo incluso de posiciones o ceños fruncidos en otras áreas oficiales. Se habla de un "ahorro fiscal" que, según quien haga el cálculo, oscilaría entre los 70.000 y los 100.000 millones de pesos anuales. La cifra impacta, pero no parece crítica frente a la discusión en juego.

Al mismo tiempo, y fuera de las cuestiones estrictamente políticas y de las especulaciones en términos de imagen, ese cálculo no dio señales de haber contemplado el muy posible efecto de demandas inmediatas ante la Justicia -con potencialidad de empantanar la medida- como respuesta al nuevo mecanismo de ajuste de los haberes jubilatorios.

El problema y a la vez la debilidad mayor es la ventana que deja el proyecto entre el fin del actual cálculo de ajuste y la nueva fórmula de movilidad: la estimación, admitida también en algunos circuitos del oficialismo, es que produciría una poda de entre 3 y 6 puntos porcentuales, también según quién haga el cálculo.

Es difícil suponer que no se sucedan fallos adversos a la ley en el fuero de la Seguridad Social o que no prosperen amparos basados en el cuestionamiento a la constitucionalidad de la medida. Eso, más allá de la intencionalidad política que pudieran reflejar algunos de los recursos.

En otras palabras, podría generarse un nuevo cuadro de enorme litigiosidad. Y eso representaría además una regresión respecto de la ley de reparación histórica, promovida y sancionada como contracara de la gestión kirchnerista, que jugó a estirar hasta donde fuera posible la resolución de los juicios sin considerar –o precisamente, considerando- la edad de los demandantes.

Junto con los pronósticos que pueden hacerse sobre las posibles reacciones en juzgados de la Seguridad Social, en los últimos días circularon declaraciones de constitucionalistas alertando sobre los alcances de la ley en discusión. Daniel Sabsay y Félix Loñ advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la norma tal como había salido primero del acuerdo del Gobierno y los jefes provinciales, y luego del Senado.

El proyecto ya mereció algunas modificaciones en su tránsito desde que traspasó la puerta de las oficinas de Hacienda. ¿Fue el margen previsto para la negociación?

Como sea, la fórmula de cálculo de la movilidad arrancó como un ajuste según la inflación y agregó casi de inmediato, en negociación con los gobernadores, la idea de sumar una más que módica mejora en base a un porcentaje del crecimiento del PBI. Fue tacaño y en el Senado, el oficialismo acordó con el PJ en trámite exprés -a velocidad llamativa tanto el pedido opositor como la respuesta del Gobierno- un nuevo cálculo: 70% por el índice de precios (IPCN) y 30% por el promedio salarial de los trabajadores estables (RIPTE).

Siguió abierta la ventana de la pérdida entre el sistema actual y el que viene para aumentar periódicamente los haberes. Nadie puede asegurar en Diputados mayorías como las anotadas en el Senado para resolver la cuestión. ¿Las razones? La modificación en la composición de la Cámara le asegura más oxígeno al oficialismo, pero lejos de la mayoría propia y con alguna incertidumbre sobre el peso real de los gobernadores del PJ a la hora de sancionar este proyecto, rápidamente y a modo de estreno.

El renovado y fortalecido interbloque de Cambiemos deberá sumar algo más de veinte votos para asegurar la ley, siempre y cuando cuente además con asistencia perfecta y sin fisuras de sus diputados. El massismo, disminuido, ya no tiene la llave principal en una negociación. El kirchnerismo, golpeado y con bancada en decrecimiento, rechazará el texto con o sin modificaciones. Y el nuevo jugador de peso será el interbloque de peronistas alineados con los gobernadores, que reuniría algo más de 30 integrantes. El interrogante es si, al menos en este caso, funcionarán mecánicamente en función de lo avalado por los jefes provinciales del PJ.

Los tiempos no dejan mucho margen para las maniobras, según el calendario que se ha impuesto el oficialismo. La semana que viene deberían ser tratados en comisiones todos los proyectos de reforma y la siguiente, antes de Navidad, sería el turno de votar en el recinto. Si hay cambios, el trámite en el Senado tendría que ser garantizado a la carrera para convertirlo en ley antes de fin de año.

Como se ve, nada sencillo, sobre todo si el resultado termina combinando una pésima noticia para los jubilados, un costo político que pudo ser evitado y un nuevo frente judicial.