Operativo en el aeropuerto de Ezeiza (NA)
Operativo en el aeropuerto de Ezeiza (NA)

El fiscal federal Leonel Gómez Barbella imputó a dos ex jefes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a una docena de ex directores de esa fuerza por la contratación irregular de una asociación civil para brindar cursos de capacitación al personal, pudo saber Infobae en fuentes judiciales. Según una auditoría del Ministerio de Seguridad, incorporada a la causa, los contratos fueron "innecesarios". Y le costaron a la PSA casi 84 millones de pesos.

El primer convenio se firmó en 2010, cuando el director de la PSA era Julio Postiglioni, y apuntaba a realizar cursos "de capacitación y trabajo de investigación". En 2013, el entonces director de la fuerza, Germán Montenegro -vinculado a la ex ministra de Defensa Nilda Garré-, renovó el convenio y extendió el plazo de vigencia a cinco años. Ese mismo año, en apenas siete meses, se firmaron 17 convenios específicos con la misma asociación por un total de $83.796.489.

Según la denuncia, presentada en enero del año pasado por el propio director de sumarios de la PSA en base a un informe de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, las contrataciones fueron irregulares.

En primer lugar, los auditores detectaron que se sortearon los mecanismos de control. "La PSA evitó aplicar el régimen de contrataciones del Estado (del decreto 1023/2001) con la suscripción de los convenios analizados", dice el informe preliminar que ya forma parte del expediente.

Además, no estaba justificada la contratación de una institución externa, y mucho menos el precio que se pagó por los supuestos cursos de capacitación. "La falta de concurrencia de oferentes, y de presupuesto oficial implica la falta de garantías en la razonabilidad de los montos pagados", detalla la auditoría.

Gómez Barbella, fiscal federal de Lomas de Zamora, imputó a los dos ex jefes de la PSA que avalaron los contratos, Postiglioni y Montenegro, y a una docena de ex directores de la fuerza por el posible de delito de administración fraudulenta.

Entre las medidas de prueba, figura un pedido de informes a las actuales autoridades de la PSA para saber si los pagos se realizaron en efectivo o por transferencia bancaria. El fiscal también requirió que la AFIP aporte datos sobre la asociación civil involucrada. Es sólo el comienzo. Fuentes de la investigación adelantaron a Infobae que se agregarán nuevas medidas de prueba en los próximos días.

En esta misma causa se investiga un posible caso de sobreprecios en una obra realizada en Ezeiza, donde se llegó a pagar USD 3860 el metro cuadrado. Según consta en el expediente, la construcción del edificio para la Dirección de Operaciones Especiales de la PSA (se ocupa de situaciones de alto riesgo) costó $7.985.000. La obra tiene defectos graves en sus instalaciones, aunque se pagó en su totalidad.