Congreso de la Nación
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Estamos atravesando momentos difíciles. La pandemia desatada por el COVID-19 nos desafía como sociedad y como individuos, como en nuestro país pocas veces hemos sido desafiados.

El nivel de compromiso y coordinación colectiva que el COVID-19 demanda puede compararse a las epidemias que jaquearon al país en la segunda mitad del siglo XIX, cuando nuestro país recién se echaba a andar.

Aquella sociedad, que se vio afectada en 1865 por cólera y en 1871 por fiebre amarilla, no es la de hoy. El funcionamiento del sistema demócratico de entonces no es el de hoy. Fuimos adquiriendo obligaciones y derechos que se consolidaron en nuestra cultura cívica y fuimos ejercitando el músculo deliberativo entre todos los que conformamos el mundo social. Hoy esos principios y prácticas se ven alterados por una crisis, que no es solo local sino global. Todos los Estados democráticos estamos en la tensión de tener que debatir y redefinir qué potestades y capacidades le cedemos al poder institucional y qué espacios y facultades son aún inaccesibles para el Estado. Tanto la relación ciudadanía-Estado como la dinámica Ejecutivo-Legislativo están sufriendo metamorfosis.

Qué rasgos son pasajeros y cuáles trascenderán esta crisis se verá una vez finalizada. Por ejemplo, a partir de las epidemias del siglo XIX, el Estado adquirió un rol más activo en la preservación de la salud. Estas significaron un poderoso estímulo para el desarrollo de una estructura institucional encargada específicamente de proteger la salud colectiva. A su vez, fue un impulso a la organización de la sociedad civil, que también respondió fundando las Sociedades de Socorros Mutuos. Ambas herencias aún persisten. ¿Cuál dejará el coronavirus? ¿Serán derivadas de la intervención estatal? ¿Surgirán todas del Poder Ejecutivo o el Congreso participará en la gestión de la crisis?

La inmediatez de las medidas que exige la contención de la crisis está generando una acumulacion de atribuciones en el Poder Ejecutivo. El contexto nos va empujado hacia una parálisis legislativa donde, en nombre de la urgencia, se nos olvidan las virtudes de los órganos colegiados. No podemos ceder ante la pandemia desde uno de los poderes del Estado, cuyo rol no se reduce a producir leyes. El Congreso, más que nunca, está obligado a ejercer su papel de gobierno. No solo porque debe realizar seguimiento de las acciones del Ejecutivo, sino también porque debe acompañar las decisiones del Ejecutivo para dotarlas de representatividad y legitimidad; para controlar pero también para aportar al logro de políticas que sean acordes a las necesidades, correctamente implementadas y proporcionales a la situación que atraviesa cada una de las localidades. El control legislativo también puede convertirse en contrapropuesta, en sugerencias, en un plan de acción superador, colaborativo, articulado y representativo: de las provincias, a través del senado; y de todos los ciudadanos, a través de diputados.

Por eso esta crisis debe ser una ventana para mejorar la forma en que los poderes dialogan.

Hemos avanzado en mucha áreas, pero poco en esa dinámica. La emergencia demanda que demos un paso más en la forma en la que llevamos adelante este diálogo, no solo entre los poderes y hacia adentro de cada poder, sino también con la sociedad.

En este sentido, bajo la premisa de que el Congreso debe actuar como el gobierno le pide a la sociedad, la diputada Katie Porter, representante del distrito 45 de California, ha dado el primer paso para que sus colegas parlamentarios puedan trabajar e incluso votar de manera remota.

En su carta señala: “Mientras el Congreso es una institución con una historia importante, no podemos anclarnos en la tradición si pone vidas, y nuestra habilidad de ser la voz de los representados, en riesgo”.

La tradición a la que hace mención la diputada Porter también pesa en Argentina. Esa tradición es la que hoy indica que las sesiones legislativas deben ser físicamente presenciales, factor que imposibilita su actividad si se debemos guardar cuarentena. Para saltar esta barrera han surgido propuestas que podemos imitar. Brasil, por ejemplo, presentó un proyecto de resolución que reglamenta un sistema de deliberación remota mientras dure la emergencia. Estipula sesiones públicas, transmitidas abiertamente por redes sociales, y un funcionamiento de la cámara igual al de hoy, pero remoto, con herramientas ya disponibles. Chile y España también están avanzando en la misma línea. incluso tenemos experiencias locales, donde la legislatura de Mendoza sesionó de manera virtual.

En tiempos de cuarentena obligatoria el Congreso todo, sin distinción de partidos, debe dar un paso adelante, servir de ejemplo y no verse impedido por la pandemia, sino desafiado. Es tiempo de introducir las herramientas disponibles para dinamizar el trabajo y adaptarnos a las dificultades. Mantener las rigideces del pasado puede privarnos de encontrar respuestas y soluciones colectivas; puede quitarle resonancia a voces que pueden colaborar en el diagnóstico, elaboración de una política y puesta en marcha de un Plan Nacional; dejar en unos pocos la suma del poder del estado. Lo digital nos conecta, nos permite seguir trabajando y legislando. La tecnología nos puede ayudar a distribuir y mantener, en el contexto apremiante, el sistema democrático lo menos afectado posible, colaborando entre todos para que todos estemos lo mejor posible.

La autora es diputada nacional (UCR)