La descomunal cifra de más de 56.000 piquetes registrados entre 2009 y 2019 en Argentina, de acuerdo a datos de Diagnóstico Político, pone de manifiesto que el piqueterismo se ha instalado como una práctica perdurable, arraigada y sistemática en nuestra sociedad. La ilegalidad del fenómeno, su naturaleza esencialmente perjudicial -que básicamente consiste en obstruir las vías públicas e impedir el libre tránsito de terceros para obtener un fin determinado-, y sus consecuentes costos económicos y sociales. El piquete configura una problemática compleja, que se la puede identificar como una expresión más de los problemas estructurales del país.

El año que acaba de concluir fue el octavo consecutivo en el que se superaron los 5.000 piquetes. Este dato revela que, más allá del signo político en el poder, los últimos gobiernos han legitimado, de un modo u otro, el accionar piquetero. Durante los gobiernos kirchneristas esta legitimación se dio más por un posicionamiento político e ideológico, en una alianza tácita con un sector de las organizaciones piqueteras y sindicales, y bajo la bandera de “no criminalizar la protesta social”.

En los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, la permisividad estatal se debió más a una mezcla de cálculo político y de temor a un mayor caos en la calle, ante la necesidad de garantizar una gobernabilidad en constante fragilidad. Esa mirada prevaleció a pesar de la línea más dura que quiso contraponer la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Si bien el indudable estado de precariedad o “emergencia social” permanente en el país se ha usado como factor argumental de los piquetes, una mirada detallada sobre los actores que llevan a cabo los cortes de calles y rutas relativiza esa explicación de tipo contextual. En este sentido, puede ponerse el foco sobre los trabajadores estatales (el tipo de organización con mayor participación en cortes durante los últimos 10 años, con más de un 20% del total), cuyos reclamos en la calle suelen estar asociados a reivindicaciones salariales pero también a posiciones políticas o internas gremiales; sobre los vecinos autoconvocados, que se manifestaron sobre todo durante la etapa final del kirchnerismo por cortes de energía o hechos de inseguridad; o sobre los productores agropecuarios, movilizados en protesta por retenciones.

Al mismo tiempo, tenemos las denominadas organizaciones sociales o propiamente piqueteras, que representan el segundo grupo con más cortes en los últimos 10 años (18%). En los cuatro años de Macri, estas incrementaron su participación significativamente (22%) y, en 2019, fueron el principal grupo (23%), encontrando en la calle la mejor forma de adquirir cada vez mayor poder.

Algunas de esas organizaciones, sustentadas por los recursos transferidos desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fueron logrando mayores niveles de institucionalización: desde una activa participación partidaria (sobre todo en el kirchnerismo), hasta el reciente lanzamiento de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que pretende ser el primer sindicato piquetero. La coronación estuvo dada por su incorporación al flamante gobierno nacional, en el que los principales referentes de las organizaciones sociales K (Movimiento Evita, CTEP, CCC, Barrios de Pie entre otros) ocupan altos cargos en los ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda y de Hábitat y Trabajo.

El mayor peso de los movimientos sociales se dio como parte de una dinámica más general y que tuvo que ver con una creciente politización de la protesta en las calles, evidenciada también en el incremento de cortes realizados por fuerzas político partidarias, que pasaron de representar un 8% del total durante el último gobierno kirchnerista, a un 12% durante el gobierno de Cambiemos.

Al compás de lo antedicho, la multiplicidad de conflictos que tienen foco en el interior del país muestran que este fenómeno opera con lógica similar en los niveles nacional y provincial: grupos que toman las calles por reclamos particulares, y gobiernos que, en general, legitiman ese accionar. En 2019, un 75% del total de piquetes se realizaron en el interior, mientras que el 25% restante se registró entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Más allá de que la cantidad de piquetes registrada en 2019 (5.430) disminuyó un 7% con relación al año precedente (5.857), esto se debió a factores más bien circunstanciales o cíclicos (en los años electorales se suele verificar una baja en los cortes), que a una política estratégica de orden público. La perspectiva de un abordaje de este tipo de parte del nuevo gobierno del Frente de Todos asoma improbable. Todos los indicios dados por el presidente Alberto Fernández y por su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, indican que los piquetes seguirán siendo parte del paisaje cotidiano.

El autor es director de Análisis Político de la consultora Diagnóstico Político.