El 17 de mayo pasado, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, desconcertó a los demócratas de la región al respaldar personalmente desde Bolivia la cuarta candidatura presidencial de Evo Morales. Hasta ahora, el desempeño del secretario Almagro se había caracterizado por reorientar a la OEA como defensora de los principios democráticos en la región, tras la deplorable actuación de su predecesor, el chileno José Miguel Insulza, quien pasó a la historia del continente como uno de los corresponsables de la actual catástrofe humanitaria, política e institucional de Venezuela.

Ese día, el secretario Almagro, en Bolivia, argumentó: "Sería absolutamente discriminatorio" que Evo Morales no pudiera presentarse a las elecciones de octubre, mientras sellaban el acuerdo de observación electoral de la OEA para los comicios del 20 de octubre próximo.

En este espaldarazo público, el secretario Almagro obvió mencionar que Evo Morales se encuentra en el poder desde el 2006. Que en el 2013, vía fallo del Tribunal Constitucional, ya dribló la Constitución, que limitaba la reelección presidencial a dos períodos de cinco años y le permitió postularse para un tercer mandato. Que en febrero del 2016 el pueblo boliviano vía referéndum le dijo "no" a las pretensiones de Evo Morales de reelegirse para un cuarto mandato. Y que el mismo año, el Tribunal Constitucional favoreció a la dictadura en ciernes, eliminando los límites de la reelección en contra de la voluntad popular.

También prefirió ignorar que Evo Morales articuló un detallado mecanismo para reformar el proceso de selección de magistrados mediante el cual logró que más de la mitad de los jueces elegidos sean ex colaboradores de su gobierno, en clara falta de independencia judicial denunciada por la Fundación para el Debido Proceso.

Preocupa que el secretario Almagro, quien estaría también aspirando a la reelección de su cargo en la OEA, haya ido a Bolivia para ser testigo del relanzamiento de la candidatura presidencial de Evo Morales, quien ha expandido los sembríos de cocaína de 3 mil hectáreas, en 2003, a cerca de 60 mil hectáreas, con el argumento del consumo ancestral, cuando para ello se requieren apenas 6 mil hectáreas y los sembríos que se han expandido corresponderían mayoritariamente a la hoja de coca utilizada para producir cocaína.

Para nadie en los pasillos de Washington es desconocido que Evo Morales expulsó a la DEA a finales del 2008 y que su "Zar Antidrogas", el general retirado René Sanabria, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos, donde guarda prisión desde el 2011 y cumple una pena de 14 años.

También se hizo público, en el 2018, el libro Hugo Chávez, o Espectro, en el que el periodista Leonardo Coutinho expone a Evo Morales en la red de narcotráfico del ALBA, basado en declaraciones del ex piloto Marco Antonio Rocha, quien confesó haber realizado una docena de vuelos en aviones del Estado boliviano hacia Venezuela y Cuba, en los que transportaron cada vez cerca de 500 kilos de cocaína. Rocha mencionó que los aviones llevaban pasajeros bolivianos, venezolanos e iraníes, y que en el esquema estarían relacionados militares bolivianos, venezolanos y cubanos.

Reveló luego que las caravanas de migrantes que partieron desde Centroamérica hacia los Estados Unidos previo a las elecciones para el Congreso y Senado americanos este 2019 habrían sido planificadas en Bolivia, con financiamiento de Venezuela y con el objetivo de desestabilizar la frontera sur norteamericana.

La permanencia de Evo Morales en el poder no solo atenta contra la seguridad regional, sino en principio contra su propio pueblo. Por tanto, llama la atención la ausencia de un informe sobre los derechos humanos en Bolivia, como ha realizado la OEA sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, que considere e investigue los presos políticos y la persecución de Evo Morales, como la reciente detención del menor Rafael Chambi Julián, o la de los cuatro campesinos cocaleros de Yungas. Ya en 2013 había 774 exiliados bolivianos, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y hoy serían 1200 los bolivianos huyendo de Evo Morales en Paraguay, Uruguay, Perú, España, Argentina, Brasil y Estados Unidos, países que al otorgar el asilo han admitido la inexistencia de garantías jurídicas en Bolivia.

Casos célebres de persecución y violencia política de Evo Morales, como el caso Pinto o el caso Terrorismo no serán juzgados mientras Morales continúe burlando la voluntad del pueblo, y la OEA avalándolo.

Es claro que Evo Morales, dirigente cocalero en jefe de Bolivia, no puede dejar el poder. Lo que es incomprensible es por qué el secretario Almagro, quien para pronunciarse sobre la reelección como derecho humano se apoyó en el reporte de la Comisión de Venecia, se apresuró a retractarse sin mayor trámite en mayo y no esperó a la 49 Asamblea de la OEA, en Medellín, en julio. Hoy podemos decir que la OEA le ha dado la espalda a la mayoría de bolivianos que dijo "no".