Es evidente que ciertas entidades públicas, o aquellas asociaciones privadas de carácter social y por ello de esencia cuasi pública, como es el caso de los sindicatos, deben tener una regulación que permita el recambio en el poder y controles que exceden a los de una empresa privada. Sin recambios, sin renovación, con la suma del poder de la institución, sin los controles deseables, se corre seriamente el riesgo de afectar no solo el normal desarrollo de la institución, sino incidir negativamente en la economía de un país.

Pensar en este cuadro dentro de un país donde reina la impunidad agrava aún más el panorama. Y cuando esta situación es estructural, es muy difícil desarmarlas: los dirigentes sindicales (y los empresarios también) subsisten a todos los gobiernos. Son actores principales de todas las políticas que se llevan a cabo, y al cambiar cada gobierno miran hacia atrás y acusan como si hubieran llegado con el nuevo mandato. Y son partícipes, como ha quedado demostrado, de todo lo que se fue destruyendo a través de dirigentes políticos impresentables.

La actuación imparcial y proba de la Justicia es un medio idóneo para empezar a trabajar en algún cambio en relación con esas cuestiones. Pero es muy difícil que solo a partir de un cambio en la Justicia se puedan lograr los fines deseados, en primer lugar, porque una parte de esa institución ya tiene incorporados estos vicios que debería controlar y, en segundo lugar, porque no alcanza solo con el esfuerzo de algunos fiscales y jueces: es muy difícil reordenar una estructura cuando está protegida y tiene, justamente, un poder muy poco limitado y un nivel de impunidad importante.

Mucho sindicalismo argentino padece de esos vicios. Sin ingresar a opinar sobre temas puntuales cuyos detalles no pueden ser evaluados sino desde la misma Justicia, son estructuras que en general son manejadas desde hace décadas por las mismas personas, se controlan a sí mismas, no tienen oposición dentro del seno del sindicato, y en algunos casos sus líderes ejercen un poder que es mucho mayor que el que tiene el sindicato que lideran (manejando clubes de fútbol, empresas, etcétera, con el dinero de sus afiliados, o pudiendo parar el país, más allá de la justicia de sus reclamos o del verdadero motivo de ellos, a través del manejo que tienen de la actividad que representan).

En este contexto, existe una serie de alternativas para ir cambiando el panorama y la estructura de un país que viene fracasando por décadas, sin necesidad de provocar situaciones de caos que hagan reaccionar a los afectados y donde, al verse acorralados, juegan todas sus cartas a matar o morir, circunstancia más que peligrosa para el bien común. Pero de estos cambios, hasta el momento, nada. No se han percibido en el Gobierno una intención real de instalar cambios de fondo que puedan reacondicionar el espacio sindical, sin que ello resulte deshonroso para quienes hasta ahora y desde hace más de 50 años vienen manejando los sindicatos en Argentina. Tampoco se han molestado empresarios y políticos de la oposición en remarcar la necesidad de un cambio en estos tópicos. Solo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires esbozó alguna idea al respecto, pero el Gobierno central pareció o no escucharla, u optar por otra metodología que evidentemente no está dando resultados.

En esta línea, si pensamos que una actividad sindical más pluralista y democrática puede mejorar la situación del trabajo, hay varias medidas que pueden generarse desde el poder legislativo que vayan colaborando con estos cambios, para muchos necesarios. Es cierto que otros lo han intentado y no les ha ido muy bien. La famosa ley Flamarique, que luego se convirtió tristemente en la ley Banelco, reflejaba una línea de cambio auspiciosa, que mejoraba notablemente el intercambio de opiniones, que bajaba los niveles de negociación a los grupos de trabajadores que efectivamente estaban en contacto directo con el trabajo, y que permitía analizar la negociación colectiva desde unidades más pequeñas y considerando en mayor detalle las características del trabajo de cada actividad sin hacer perder fuerza a la negociación del trabajador. Esa ley, que daba mayor poder a las bases, fue rápidamente desterrada por el poder sindical de aquel entonces (que es más o menos el mismo que hoy subsiste en el país), ya que con la excusa de la deplorable forma que se habría utilizado para su promulgación, fue derogada, volviendo a la anterior ley que sirvió en algún momento, pero que hoy aparece como autoritaria y decadente.

Pero bajar los niveles de negociación no es el único elemento posible de cambio. Limitar los tiempos del mandato y hacer que una misma persona pueda solamente ocupar por dos períodos consecutivos el manejo del sindicato, y que luego tenga que ceder ese privilegio a otra persona sin que pueda luego volver a ocupar ese lugar, es otro elemento que sería interesante para democratizar el sindicato, y para luchar contra los posibles desvíos de algún grupo de directivos que, eternizados en el poder, lo terminen utilizando para un beneficio propio que no corresponda.

También la forma de participación de las minorías en estos organismos es otro debate que se debe el país. Y todos estos temas deberían ser tratados ante el Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo no tendría que luchar solo contra molinos de viento (si es que efectivamente quiere dar esa pelea). Generar un consenso legislativo expondría a toda la dirigencia política. Gobierno y oposición deberían exponer las razones por las cuales están o no de acuerdo con nuevas pautas para regular la acción sindical. Y a partir de cada postura, el pueblo entender quiénes apoyan determinadas medidas y quiénes no. El Poder Ejecutivo, pese a lo que declama, parece poco propenso a tener ideas que propongan cambios estructurales, y más decidido a intentar cambios coyunturales que terminarán cuando termine su poder o su mandato (depende cuál ocurra primero). Y parece más propenso a inmolarse que a generar una conciencia social que permita que la sociedad decida entre quienes son los que quieren cambiar en serio algo, y quienes quieren no cambiar nada para que todo siga igual de decadente.

Estas cuestiones son solo algunas herramientas (potentes, pero solamente algunas) que se podrían haber trabajado para proponer cambios en las estructuras sindicales. De ellas se derivan muchas más, y existen otras alternativas para que, sin resentir el poder de negociación de los sindicatos, se pueda reconvertir el poder sindical en una fuerza más transparente y positiva para la República. Pero todo eso depende del poder político. Y de los tres poderes. Y es allí donde siempre se quedan las buenas intenciones de algunos, y donde se acumula la decadencia de años y años de no resolver ni cambiar nada. Vale señalar que los empresarios deben también generar sus propios cambios y forzar una participación real en las políticas de Estado: involucrarse seriamente con el desarrollo del país y tratar de incidir en el poder político (legislativo y ejecutivo) más allá del interés particular de cada empresa. Y que muchas veces actúan como cómplices o copartícipes de este sistema. Pero eso merece un comentario aparte.

El autor es socio del Estudio Adrogué, Marqués, Zabala & Asoc.