En junio de 2005, hace ya 13 largos años, el Poder Ejecutivo Nacional dictaba el decreto nº 616, a través del cual establecía un nuevo régimen en nuestro país para los ingresos y los egresos de divisas en el mercado local de cambios y a toda operación de endeudamiento de residentes que pudiese implicar un futuro pago en divisas a no residentes.

El citado decreto procuraba desalentar el ingreso de divisas frente a la importante afluencia de capitales externos bajo distintas modalidades. No olvidemos que en el 2005 se logró reestructurar el 76% de los pasivos mediante el canje voluntario de la deuda y eso estimulaba el comentado ingreso, la revaluación de la moneda argentina y hacía perder competitividad a nuestras exportaciones.

Así, el decreto obligaba a quienes decidiesen invertir en el mercado de capitales local a dejar congelado el 30% de esos ingresos durante un año en un depósito nominativo, no transferible y no remunerado en una entidad financiera del país. Esta situación provocó desde el mismo momento de la publicación de la nueva normativa cambiaria la alerta de los inversores del exterior y principalmente de los institucionales.

No fue ajena a esa alarma Morgan Stanley Capital International (MSCI), una sociedad estadounidense proveedora global de índices que pondera fondos de capital inversión, deuda, índices de mercados de valores, de fondos de cobertura y otras herramientas de análisis de carteras. En efecto, dicha entidad advirtió a diversos países, como a Argentina en 2007, que se encontraba analizando la reclasificación, ponderando de manera disvaliosa, en particular, la barrera que para el ingreso y la salida de las inversiones significaba la cuestión del llamado "encaje cambiario".

La falta de reacción de Argentina ante tal advertencia, si no las mayores restricciones respecto de la entrada y la salida de capitales, llevó a que MSCI reclasificara en el año 2009 a nuestro país llevándolo de "mercado emergente" a la categoría de "mercado fronterizo".

La decisión que comenzó a regir a partir de mayo de ese año hizo que Argentina fuese el único país de América Latina incluido en la denominada "lista negra para la inversión extranjera", pero, más allá de esa ubicación, que podría ser, por decirlo de alguna manera, anecdótica, ser "mercado fronterizo" significó que los fondos internacionales que invertían en mercados emergentes, siguiendo esos índices, se vieron imposibilitados de contar en sus portafolios con acciones de compañías argentinas, particularmente de aquellas que cotizaban en mercados del exterior, como la NYSE (New York Stock Exchange). Ese impedimento se extendió por más de nueve años, con las negativas consecuencias que ello produjo en el mercado de capitales local.

MSCI restituyó a nuestro país la categoría de "mercado emergente", luego de dos años de consultas a distintos sectores del mercado, ponderando positivamente las modificaciones legales y regulatorias introducidas en el mercado de capitales y en el mercado de cambios.

Un factor clave, que es resaltado por la propia MSCI, es la confianza en la capacidad de nuestro país para mantener las condiciones de accesibilidad actual del mercado de capitales, no obstante lo cual advierte que revisaría esta reclasificación si las autoridades argentinas llegasen a introducir cualquier tipo de restricción al acceso al mercado de capitales o de cambios. Esto último a la luz de los recientes hechos que impactaron en la situación del mercado cambiario de nuestro país.

El Índice MSCI de Argentina será incluido en el Índice MSCI de los Mercados Emergentes, coincidiendo con la revisión semi-anual del índice en mayo de 2019. Formar parte de este índice, conformado por 23 mercados y 830 acciones, posibilitará que los fondos internacionales adquieran activos argentinos, circunstancia que coadyuvaría al fortalecimiento del mercado de capitales local, contribuyendo a ampliar y abaratar el financiamiento de las empresas locales. Expertos en el tema aventuran la posibilidad de ingreso de fondos a nuestro mercado de capitales del orden de alrededor de 3,5 mil millones de dólares.

La autora es presidente UNTREF Agencia de Calificación de Riesgo Universidad Pública.