(Patrick Sison/AP)
(Patrick Sison/AP)

Washington – La Administración Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos arrestó a 28 prescriptores de drogas y farmacéuticos, y revocó las licencias de 147 personas que manejan sustancias controladas, como parte de una campaña nacional contra el uso y la distribución ilegal de opiáceos y otros medicamentos recetados, según anunció el Departamento de Justicia.

El "aumento" de la aplicación de 45 días se debió a una revisión, ordenada por el Fiscal General Jeff Sessions, de 80 millones de transacciones de drogas. La revisión reveló dispensadores que vendieron cantidades desproporcionadamente grandes de drogas, particularmente analgésicos opiáceos, y eso desencadenó en 188 investigaciones.

"Nuestros esfuerzos recién están comenzando", dijo Sessions en un comunicado de prensa. "La DEA aumentará la presencia de los oficiales y tendrá a más analistas en aquellos lugares de Estados Unidos donde la crisis de opiáceos vive en su peor momento".

No parece que el esfuerzo haya estado dirigido a ninguno de los distribuidores o fabricantes de medicamentos que han sido culpados por permitir que cientos de millones de analgésicos opiáceos salgan de la cadena de suministro legítima al mercado negro en los últimos 15 años. Conforme a la ley federal, los distribuidores mayoristas –los intermediarios que transportan las drogas de los fabricantes a los dispensadores- deben notificar a la DEA cuando ven montos, patrones o frecuencia inusual de envíos de este tipo de productos.

The Washington Post y otros medios informaron que algunas compañías no lo hicieron, permitiendo que las píldoras lleguen a los usuarios y distribuidores e impulsando la epidemia que mató a casi 64,000 personas en 2016, el año más reciente para el que hay estadísticas de muertes por sobredosis disponibles.

Este diario también ha informado que, en el punto álgido de la crisis, la DEA disminuyó sus esfuerzos de aplicación y vio su trabajo socavado por una ley aprobada por el Congreso. La legislación eliminó el arma más potente de la DEA contra las compañías farmacéuticas. El Departamento de Justicia y otros han pedido que se modifique.

En la reciente campaña de represión de drogas, las autoridades dijeron que la DEA emitió 283 acciones administrativas y obligaron a proveedores a entregar sus licencias de sustancias controladas (conocidas como "registros"), órdenes que prohíben inmediatamente la dispensación de narcóticos y órdenes que exigen que el destinatario demuestre en una audiencia por qué no se le debe prohibir el suministro de drogas.