En 2007, ex trabajadores bananeros marcharon en Nicaragua exigiendo una compensación por los efectos de los pesticidas en la salud (Foto: Esteban Felix/Associated Press)
En 2007, ex trabajadores bananeros marcharon en Nicaragua exigiendo una compensación por los efectos de los pesticidas en la salud (Foto: Esteban Felix/Associated Press)

PARÍS — Hace décadas, en las plantaciones bananeras de Centroamérica se rociaba un poderoso pesticida con un terrible efecto secundario: la sustancia le causó esterilidad a una cantidad enorme de trabajadores. Desde entonces, miles de víctimas han intentado obtener compensación de las empresas que lo produjeron.

Algunos sobrevivientes y sus familias promovieron juicio en Francia en contra de los grandes fabricantes de sustancias químicas con el propósito de cobrar cientos de millones de dólares que les adeudan por concepto de daños y perjuicios otorgados por tribunales de Nicaragua, donde ocurrieron muchos de los casos de envenenamiento de trabajadores. Si el resultado del juicio es positivo, el caso podría sentar precedente legal y abrir paso para que se realicen más juicios en Francia por daños causados en otros países debido al pesticida llamado nemagón.

La década pasada, tribunales nicaragüenses dictaminaron que Dow Chemical, Shell Oil y Occidental Chemical (ahora OxyChem) debían pagar 805 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios a cientos de víctimas. Las empresas se negaron a pagar, argumentando que los tribunales no tenían jurisdicción y les habían negado juicios justos.

El caso ha cobrado nueva vida al otro lado del mundo, en Europa, donde las empresas tienen activos sustanciales; 1245 antiguos trabajadores y familiares pretenden cobrar el dinero. Si bien los tribunales franceses ya han evaluado casos relacionados con abusos de derechos humanos ocurridos en otro territorio, se trata de la primera ocasión en que la sentencia involucrada es por una cifra monetaria tan significativa. El martes, un tribunal francés entregó a Dow France documentos en los que consta el congelamiento temporal de acciones con un valor de 99 millones de euros, equivalentes a unos 110 millones de dólares, en espera del juicio programado para enero en un tribunal de París.

En una declaración, Dow Chemical negó que se hubieran congelado las acciones, puesto que la controladora con oficinas en Estados Unidos no tiene ningún capital en Dow France, propiedad de otras empresas europeas de Dow.

La medida se tomó para evitar que Dow traslade activos fuera de Francia antes del juicio, explicó François-Henri Briard, abogado francés e integrante del equipo legal internacional que representa a los antiguos trabajadores y familiares. Un juez francés resolverá si los dictámenes judiciales de otros países —en este caso, Nicaragua— pueden homologarse en Francia y la Unión Europea.

Si los demandantes ganan, intentarán cobrar parte de los 805 millones de dólares otorgados conforme a la sentencia de Nicaragua a la empresa Dow en Francia y presentar las mociones necesarias para congelar y vender activos de Dow, Shell y Occidental en otros países europeos en los que operan. Estas acciones se tomarían con base en una norma de la Unión Europea que estipula que un mandamiento judicial emitido en uno de los estados miembros puede hacerse cumplir en cualquiera de los 28 países del bloque.

"Vivimos en un mundo globalizado en el que a las empresas multinacionales se les hace fácil ocultar activos para evitar el cumplimiento de mandamientos judiciales", señaló Briard. "Es precisamente lo que hicieron las empresas estadounidenses en Nicaragua: envenenaron a la gente, los tribunales las sentenciaron y se fueron sin pagar un quinto".

Añadió que, en un mundo así, las víctimas también deberían tener la posibilidad de cruzar fronteras para exigir el pago de lo que se les adeuda.

Dow indicó en su declaración que los tribunales nicaragüenses no le habían garantizado a esa empresa, ni a los demás demandados, un juicio justo. "Todos los tribunales que han visto estas sentencias de Nicaragua han dicho que no es posible exigir su cumplimiento", aseveró. "Confiamos en que los tribunales franceses llegarán a la misma conclusión".

El caso se suma a décadas de juicios y maniobras legales millonarias no solo en Estados Unidos, donde se encuentran las oficinas de las empresas, sino también en países de Centroamérica y otras regiones donde se emplearon las sustancias químicas.

El dibromocloropropano, o DBCP, ingrediente activo del nemagón, se prohibió en Estados Unidos en 1977, después de descubrirse que había causado esterilidad en miles de trabajadores varones expuestos al producto en plantas de Dow, Shell y Occidental por todo el territorio estadounidense. Empresas agrícolas con sede en Estados Unidos siguieron utilizando nemagón hasta principios de los años ochenta en plantaciones de plátano y piña de países con normas ambientales menos estrictas, según documentos de juicios celebrados en Nicaragua y otros países.

"Es un espermicida", explicó Stuart H. Smith, abogado ambientalista de Nueva Orleans que forma parte del equipo legal de los demandados. "Se puso deliberadamente en la zona de riesgo de estos pesticidas a miles de individuos después de su prohibición". Añadió que los varones que quedaron estériles no pudieron tener "una vida normal con familia e hijos".

Los trabajadores de plantaciones nicaragüenses promovieron una oleada de juicios en Estados Unidos durante los años noventa. Dow y Shell, además de las empresas agrícolas Dole Fruit, Del Monte Fruit y Chiquita Brands, bloquearon los juicios argumentando que Estados Unidos no era el lugar adecuado para realizarlos, pues los supuestos daños se habían causado en Centroamérica.

Nicaragua aprobó una ley aplicable a las víctimas de DBCP conforme a la cual las empresas demandadas debían otorgar una caución de 100.000 dólares por caso, lo que disparó cientos de juicios en ese país en la última década. Cuando los tribunales nicaragüenses sentenciaron a Dow, Shell y Dole al pago de cientos de millones de dólares como compensación a las víctimas, esas empresas declararon que los tribunales no tenían jurisdicción, por lo que se negaron a pagar.

En particular, Shell afirmó que los tribunales no tenían jurisdicción porque sus oficinas generales estaban en Estados Unidos, y que ni siquiera tenía empleados en el país. Dow dijo que la ley nicaragüense para las víctimas de DBCP le negó un proceso legal debido, y Dole señaló que el tribunal nunca obtuvo jurisdicción sobre ella.

Smith indicó que los demandantes que exigen el cumplimiento de la sentencia en Francia sufrieron daños a causa de las sustancias químicas y que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ratificó sus casos.

Ahora, jueces franceses decidirán si los jueces nicaragüenses que resolvieron los casos eran competentes y si se incurrió en algún tipo de fraude o violación del debido proceso legal para determinar si será posible exigir el pago de 805 millones de dólares en Francia.

Smith opinó que el caso constituía un "pasivo de miles de millones de dólares" del que no se informó a los accionistas de Dow Chemical ni a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Dow indicó en su declaración que había cumplido la legislación y los reglamentos aplicables en materia de requisitos de presentación de informes.

Las empresas químicas y bananeras han argumentado desde hace tiempo que no tienen más responsabilidad, pues ya llegaron a un acuerdo para resolver reclamaciones presentadas hace décadas. Con excepción de Dole, todas llegaron a un acuerdo en 1997 con 26.000 antiguos empleados bananeros de Centroamérica, África y Filipinas por 41 millones de dólares. Dole convino en 2014 en compensar a más de 1700 antiguos empleados bananeros de Nicaragua; no se divulgó la cantidad del acuerdo.

Los trabajadores y familiares que promovieron el juicio en Francia no formaron parte de esos acuerdos, y Briard dijo que esperan llegar a un acuerdo independiente.

*Copyright: 2019 The New York Times Company