Adán Augusto López gobernador de Tabasco informó que invertirá recursos propios para remodelar y habitar la Quinta Grijalva. (Foto: Especial)
Adán Augusto López gobernador de Tabasco informó que invertirá recursos propios para remodelar y habitar la Quinta Grijalva. (Foto: Especial)

Algunos gobernadores como Silvano Aureoles (Michoacán); Enrique Alfaro (Jalisco) o Alfredo del Mazo (Edomex), quienes ocupan sus residencias o casas de gobierno para vivir, tendrían que deshabilitarlas si se aprueba una nueva iniciativa planteada por Morena en la Cámara de Diputados.

Dicha propuesta buscará vender las propiedades en los estados, con el fin de obtener recursos para equipar y remodelar hospitales públicos.

Gobernadores de al menos 17 estados no viven en el sitio; sin embargo, los espacios han sido ocupados y acondicionados como despachos u oficinas.

De acuerdo con el diario Reforma, al menos seis mandatarios estatales sí viven en los inmuebles, donde los gastos de mantenimiento son pagados con recursos públicos.

En otras 7 entidades más los gobiernos han convertido estos espacios en museos, archivos o centros culturales, y sólo en dos estados no existe actualmente una residencia oficial.

En diversos estados, las residencias son ocupadas como oficinas o museos. (Foto: Especial)
En diversos estados, las residencias son ocupadas como oficinas o museos. (Foto: Especial)

Las residencias en estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Campeche y Yucatán fueron remodeladas y ocupadas como museos o centros culturales.

Pese a que en Nuevo León y la Ciudad de México no hay residencias oficiales, hay algunos mandatarios que sí las ocupan como hogares.

Tal es el caso de Enrique Alfaro, quien tras ganar las elecciones el año pasado, se mudó a Casa Jalisco, ubicada en Guadalajara.

La residencia tiene una superficie de 8 mil 400 metros cuadrados, con 4 mil 415 metros de construcción, de los cuales 2 mil 375 pertenecen al área habitacional. En un zona vive el gobernador con su familia y otra es utilizada como oficinas.

En otros estados también son habitadas por los gobernadores como el panista Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato); el priista Alfredo del Mazo (Estado de México); el perredista Silvano Aureoles (Michoacán), y el priista José Ignacio Peralta (Colima).

En Sonora, donde la priista Claudia Plavlovich gobierna, hay tres casas oficiales que son usadas también como despachos. (Foto: Cuartoscuro)
En Sonora, donde la priista Claudia Plavlovich gobierna, hay tres casas oficiales que son usadas también como despachos. (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que los gastos de mantenimiento de los espacios son pagados con recursos públicos y casi todos son ocupados para un fin distinto en las entidades.

Casa Puebla es operada por 220 servidores públicos durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle, generaba un gasto anual de 5.3 millones de pesos para el erario. Actualmente, ya no es utilizada como residencia y presuntamente albergará oficinas gubernamentales.

En tanto, en Quintana Roo hay dos casas oficiales: una en Chetumal, donde vive el mandatario Carlos Joaquín González y su familia, y otra en Cancún, donde se efectúan eventos gubernamentales.

En San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos, Zacatecas y Puebla, los gobernadores utilizan las viviendas oficiales como despachos o lugares para sus reuniones.

Monclova y Torreón cuenta con casas, pero el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, opera y vive en Saltillo.

En Sonora, donde la priista Claudia Plavlovich gobierna, hay tres casas oficiales que son usadas también como despachos en Hermosillo, Guaymas y Álamos.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, informó que invertirá recursos propios para remodelar y habitar la Quinta Grijalva.

La propuesta para vender las residencias fue presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, quien asegura que los sitios se han convertido en lugares de lujo para las familias de los gobernadores.

Debido a que se trata de una iniciativa de reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, su aprobación haría obligatoria la medida para todas las entidades, aunque cada gobernador sería responsable de hacer los trámites respectivos para desincorporar los bienes, venderlos y usar el recurso en infraestructura hospitalaria.

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