Por lo menos 20 casos de personas muertas que aparecen como aportantes a campañas políticas entre 2015 y 2018 reveló la investigación de la ONG Transparencia por Colombia.
Por lo menos 20 casos de personas muertas que aparecen como aportantes a campañas políticas entre 2015 y 2018 reveló la investigación de la ONG Transparencia por Colombia.

El último informe publicado por Transparencia por Colombia, llamado “Contratos y Elecciones”, reveló una nueva característica electoral de los muertos en el país, los cuales no solo votan -como tradicionalmente pasa en cada elección- y cobran subsidios del Estado, sino que ahora financian campañas políticas.

Así lo muestra el informe, que analizó los financiadores de las campañas a los comicios locales de 2015, en los que se eligen alcaldes y gobernadores, y las últimas elecciones parlamentarias de 2018, que configuraron el actual Congreso de la República.

El veredicto fue un total de 20 casos en donde los aportantes registrados en las cuentas oficiales de las campañas correspondían a personas fallecidas. La mayoría de las casos se presentaron en las elecciones locales de 2015, en las que 18 muertos aportaron recursos económicos a las campañas. Los otros dos casos se presentaron en las elecciones a Congreso de 2018.

Para llegar a esta conclusión Transparencia por Colombia tuvo que verificar cada uno de los aportantes registrados en el informe de cuentas claras de cada candidato inscrito en esos dos periodos electorales y contrastarlos con las bases de datos de la Registraduría y otras entidades del Estado como el Sistema de Seguridad Social. Así encontraron que en los 20 casos citados los nombres inscritos no se correspondían con el número de cédula, el cual pertenecía a una persona fallecida.

Tal es el caso del senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, quien para su elección en 2018 registró un crédito recibido por una persona de nombre Jorge Sair Naranjo López. “Sin embargo, según la Registraduría, y el Sistema de Seguridad Social (ADRES) este ciudadano falleció en 2014”, indica el informe.

En las elecciones de 2015, por ejemplo, se puede citar el caso de Walter Hernando Quiñonez, alcalde de Maguí, Nariño, un pequeño pueblo fronterizo con Ecuador. Para su elección el entonces candidato de la Alianza Verde reportó cuatro millones de pesos (USD 1.168) aportados por Luz Enith Chusta, pero el número de cédula inscrito corresponde a Marta Cortés, fallecida en 2007.

Otro gran problema que revela el informe es el de los “financiadores anónimos” que son registros de aportantes cuyos datos no se corresponden ya que fueron inscritos con cédulas falsas.

“El aporte más grande de un financiador jurídico anónimo es el que reportó Eva María Uribe, candidata al senado por Cambio Radical. Según sus registros, la empresa ‘Google Inc’ le otorgó un crédito por 50 millones de pesos, sin embargo en el reporte la empresa sale con un RUT inexistente: 444444444”, dice Transparencia por Colombia.

Las normas colombianas prohíben cualquier tipo de falsedad en este tipo de registros y aportes a las campañas políticas. De acuerdo con la resolución 3097 del Consejo Nacional Electoral -órgano rector de las elecciones- las sanciones por estas irregularidades van desde la perdida del derecho a la financiación estatal, hasta la pérdida de la personería jurídica de los partidos y organizaciones que avalan a estos candidatos.

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