(Desde Jarú, Rondonia – Brasil)  Al momento de terminar esta nota subo a un auto compartido con tres brasileños que encuentro en la estación de buses para partir hacia Jarú. Allí cerca trabajan contra el fuego los cuerpos de bomberos y la fuerza nacional. Pero además, este lugar es la puerta de entrada para una de las últimas reservas protegidas que queda en Rondonia y donde está sucediendo la trama más cruda y violenta de los incendios en el Amazonas, pero también la más silenciosa.

Sin embargo, en el camino hacia ahí esta nota cambia. Escribo este comienzo mientras al costado de la ruta se suceden, unos tras otros, los campos deforestados. No es la ausencia de árboles lo que da la pauta de la deforestación sino lo opuesto: la formación de árboles que se alza en línea recta detrás de cada campo razado, como soldados en pie de guerra a la espera de su hora última.

Pegado a la ruta, todo se ve negro, negro, negro. Una banquina más allá de la banquina, la traza de cemento que el fuego no pudo atravesar. "Si ves una ruta entre arboles preocúpate. Ahí ya sabes que están abriendo camino para entrar y deforestar todo a sus costados", dice un primer informante para esta nota. Como él, todos los que hablen sobre el tema pedirán anonimato.

"Una porción de la policía está muy metida en el negocio. Los invasores tienen armas escondidas en partes de la reserva para controlarla", dice quién da la primera pista de la historia, un biólogo joven residente en Porto Velho. El también me habla del fenómeno "espina de pez". Es como se ve gran parte de la Amazonía si se mira una imagen satelital: un espinal central del que salen otras pequeñas espinas.

Luego hablaré con funcionarios del ICMbio -un instituto para la conservación de la biodiversidad- y miembros de ONGs, pero ellos tampoco darán su nombre. Los funcionarios, por una cuestión puntual: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó que nadie puede hablar del tema salvo el ministro de Medio Ambiente, o quien este autorice. Además, porque muchos de ellos están amenazados de muerte por la mafia de los invasores. Los miembros de las ONGs, en tanto, por miedo a esas amenazas también, por el peligro que supone el tema para todo aquel que viva o esté en el estado de Rondonia.

Hasta el 2018, en los registros dentro del Parque Nacional Pacaás figuraban 117 hectáreas deforestadas. Este año ya figuran más de 220. Puede parecer poco, pero se trata de más de cien hectáreas en un año, en un área de reserva natural. Allí no puede hacerse ningún tipo de de desmonte y, sin embargo, lo hay. No solo eso: ese desmonte provocó los incendios en esta zona específica. ¿Por qué? Allí está la cuestión, por los grileiros y los invasores.

Grileiros se les llama a las personas que mediante técnicas fraudulentas (coimas, contactos, documentación falsa) logran convencer al Estado de que son los dueños de una tierra y consiguen un título de propiedad. "Tomadores de tierra ajena", dice una de las mujeres que viaja en el auto rumbo a Jarú. Son, digamos, los estafadores más sofisticados. Una vez que logran tener el título, es muy difícil que les quiten esas tierras, y quien lo intente deberá convencer al Estado de que el grileiro presentó pruebas falsas o tuvo complicidad de la justicia. Tarea difícil.

No todos en Brasil saben lo que es un grileiro. Quienes viven en las ciudades no suelen estar al tanto de la práctica, lo que aumenta el éxito de su trabajo.

Por otro lado están los invasores. Son menos sofisticados pero más violentos y peligrosos, y tienen la pretensión última de convertirse en grileiros: es decir, de conseguir los títulos de las tierras que invaden. Esas tierras muchas veces pertenecen a pueblos indígenas que se ven corridos a la fuerza por esta mafia.

Además, son un factor clave en los incendios de este año dentro de la Amazonía. Y sin saberlo, el presidente Bolsonaro terminó siendo funcional a ellos.

Es una historia compleja. En Rondonia hay una mujer llamada Vitoria Pando de Souza. Un día alegó que gran parte de las tierras protegidas (una de las pocas áreas de Rondonia no deforestadas) le pertenecían. Presentó documentación completamente falsa y sin esperar reconocimiento de la justicia (que nunca llegó), se puso a vender lotes. Un remate imperdible: 50 reales la hectárea (más o menos 12 dólares).
Luego entra en escena su abogado, Lindolfo Cardoso, que le ofrece comercializar él mismo las tierras y comienza a vender la hectárea a 100 reales. Repitamos, de un área protegida, poblada en gran parte por pueblos indígenas.

Entre los compradores apareció uno que quería 2,000 hectáreas. Esa persona, a quien podemos apodar Queiroz, (curiosamente, el nombre de un policía de peso de la zona), armó una asociación, loteó los terrenos como si fuera un country y comenzó a vender. No puso nada a su nombre sino al de un primo, a quien todos en la zona señalan como su testaferro.

¿Precio del lote? Mil dólares. No solo era una inversión fenomenal comprar a cien y vender a mil sino que además nunca pagó esas 2000 hectáreas que tomó. Además, a todos aquellos que querían comprar los obligaba a hacerse parte de la asociación y pagar un cánon mensual. Y exigía un compromiso más: que cada comprador desmonte su lote, lo queme, y luego lo siembre para evitar que vuelva a crecer la vegetación.

Dividieron el enorme terreno, echaron a los indígenas de sus tierra y comezaron las quemas. Cada vez que se acercaba la fiscalización de ICMbio, los invasores desaparecían. Pero a partir de los discursos de Jair Bolsonaro y su destrato a las políticas ambientales se vieron respaldados en su práctica y comenzaron a quemar indiscriminadamente.

Y un día, Brasil tuvo su "día del fuego". Los hacendados y productores rurales que necesitan más tierra libre para ganado decidieron que debían celebrar la práctica de la quema. Encender la tierra está prohibido en la Amazonia Legal (como llaman en Brasil a todo el área). Ni hablar de hacer incendios. Pero la verdad es que los provocan sin reprimenda alguna. El combate está a cargo de Ibama (Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales), pero desde que la Fuerza Nacional dejó de apoyarlos (por el giro en las políticas) es poco lo que pueden hacer.

No son todos delincuentes. Muchos lo hacen por cuestiones domésticas o costumbre, aunque ignoran el daño posible. Pero con el Día del Fuego (que se "celebró" a mediados de agosto en el estado de Pará), de repente quemar la tierra se presentó como una actividad provechosa para Brasil, como si fuera más lo que deja que lo que extingue.

No es fácil acceder a las tierras tomadas por los invasores. Muchos de los lotes fueron vendidos y hay mapas que muestran los nombres de esos dueños (para no entorpecer posibles investigaciones, no podemos publicarlos). De todas formas, están ahí, en una tierra que -contra todo discurso nacionalista-, no les pertenece. La recomendación estricta fue contarlo todo desde lejos. Pero aquí estamos, camino a Jarú. Camino a la Amazonia Ilegal.

Seguí leyendo: